Por: Pablo Corsalini. Intendente de Pérez, Santa Fe. Convencional constituyente 2025.
Santa Fe tiene una de las dos constituciones provinciales más antiguas del país. Desde 1960 no logramos actualizar nuestro marco normativo. No es un dato menor: en más de seis décadas, Argentina y el mundo cambiaron de forma profunda. Cambió la economía, cambió la sociedad, cambiaron las ciudades. Pero nuestra Constitución provincial se mantuvo inmóvil.
Hoy, como convencional constituyente, tengo el orgullo y la responsabilidad de formar parte de un proceso histórico. Lo asumo con el compromiso de quien gobierna una ciudad que en estos años volvió a crecer, a producir, a generar oportunidades y a enamorar a quienes deciden vivir en ella. Y lo hago con la certeza de que una nueva Constitución tiene que servir para equilibrar la provincia, para dejar atrás las desigualdades entre ciudades de primera y de segunda.
Promediando mi tercer mandato como intendente de Pérez, sé por experiencia que no hay posibilidad de desarrollo sin autonomía plena. No hablo solo de autonomía política o administrativa. Hablo de recursos. De previsibilidad. De reglas claras. De una coparticipación justa que permita planificar a mediano y largo plazo. Las ciudades somos el primer mostrador del Estado. No podemos seguir dependiendo de la discrecionalidad o el color político para resolver problemas urgentes y estructurales.
En la sociedad del conocimiento y en plena cuarta revolución industrial, las ciudades no solo gestionan servicios: compiten por retener y atraer talento. Para lograrlo deben ser atractivas, ofrecer calidad de vida, innovación, conectividad, cultura, seguridad. Y la mejor forma de hacerlo es con autonomía plena, con los recursos necesarios para pensar, planificar y hacer su propio futuro. El arraigo también se construye desde ahí: con ciudades que brindan oportunidades reales para quedarse.
Una provincia fuerte no se construye debilitando a sus municipios, sino garantizando que reciban lo que les corresponde. Hace más de 20 años que se reclama una nueva ley de coparticipación. Hoy tenemos la posibilidad de saldar esa deuda con una propuesta clara, equitativa y transparente: establecer mínimos obligatorios por ley —19% para municipios y 6% para comunas de los fondos federales; 20% para municipios y 10% para comunas de los fondos provinciales—, asegurar transferencias automáticas, transparencia en la asignación y previsibilidad financiera para que cada ciudad pueda planificar su futuro sin depender de la discrecionalidad del poder central.
La autonomía se construye con recursos, no con promesas. No puede ser que un municipio no sepa cuánto va a recibir cada mes, ni cuándo. No puede ser que los fondos lleguen según la cercanía política con el gobernador. A Pérez, por ejemplo, le correspondían 900 millones de pesos este año. A mitad de año habíamos recibido cero. No queremos más discrecionalidad ni sometimiento. Queremos instituciones fuertes en todos los niveles. Si queremos una Santa Fe verdaderamente invencible, no puede ser a costa de municipios débiles. Necesitamos una Constitución que devuelva a las localidades lo que les corresponde y garantice un desarrollo equilibrado en todo el territorio.
Pero no se trata solo de autonomía y recursos. El siglo XXI exige también una nueva ética del desarrollo. Necesitamos que la Constitución de Santa Fe siente las bases para un desarrollo urbano y territorial que sea ambientalmente justo, que promueva ciudades resilientes, limpias, inclusivas y sostenibles. No hay progreso posible si no es sustentable.
Desde ese lugar, con la experiencia de gestión y con el mandato de representar a mi ciudad y a los territorios de Santa Fe, voy a seguir defendiendo una reforma que no solo modernice, sino que transforme. Que nos permita mirar al futuro con dignidad, con arraigo y con oportunidades para todos.
